El triunfo que expuso vulnerabilidades digitales
El pasado 25 de octubre, Brasil confirmó la reelección de Lula con más del 52% de los votos y una diferencia superior a cuatro millones de sufragios. La contienda tuvo un resultado claro y el Tribunal Superior Electoral (TSE) fue reconocido por ambas partes. Sin embargo, esta escena de estabilidad democrática en las urnas no debe ocultar los problemas que surgieron en el terreno virtual durante la campaña.
En las semanas previas al balotaje, el TSE debió intervenir públicamente ante denuncias que cuestionaban cómo funcionaban los algoritmos en plataformas como Meta y X, la red social antes conocida como Twitter. La demanda sobre ‘selectividad algorítmica’ puso en cuestión la transparencia de los contenidos políticos difundidos en línea. La justicia brasileña prohibió que Meta limitara el alcance de publicaciones referentes a los candidatos bajo multas diarias de hasta 500.000 reales (unos 90.000 dólares), y exigió a X informes detallados sobre el uso de inteligencia artificial y la creación masiva de perfiles automatizados.
El poder y los riesgos de la inteligencia artificial electoral
Entre las sospechas señaladas, destacaron unas 255 cuentas creadas con inteligencia artificial que, según denuncias, acumulaban cerca de 58 millones de visualizaciones, un volumen que puede influir sustancialmente en la opinión pública. Ambos bandos políticos se acusaron mutuamente de manipulación algorítmica, mientras compañías como Meta admitían fallos técnicos pero negaban cualquier sesgo deliberado.
Lo que el TSE dejó en claro es que una investigación no significa la confirmación de irregularidades, pero reveló una preocupante carencia: actualmente no existe un mecanismo sólido ni transparente para verificar si los algoritmos han alterado efectivamente el proceso democrático. Esto plantea una amenaza real para la legitimidad de futuros procesos electorales, dados los avances tecnológicos y la sofisticación con que se puede operar la información en línea.
Propuestas para blindar la democracia digital
Frente a este contexto, especialistas jurídicos y políticos brasileños como Raúl Bittel impulsan una reforma profunda en la legislación que regule expresamente el uso de tecnologías como el deepfake y establezca la trazabilidad electoral digital. La idea es modificar el Código Electoral Nacional y el Código Penal antes de las elecciones de 2027 para asegurar que las campañas no puedan manipular la información mediante técnicas de inteligencia artificial sin supervisión ni control.
La trazabilidad implicaría un seguimiento transparente y verificable de la difusión de contenidos políticos, mientras que leyes específicas sobre deepfake buscarían tipificar y sancionar la fabricación y distribución de material audiovisual falsificado con fines electorales. Estas medidas, en conjunto, podrían servir de barrera contra las noticias falsas y la desinformación masiva que distorsionan la voluntad ciudadana.
Un espejo para la Argentina y el mundo
La experiencia brasileña no es un caso aislado. En Argentina y muchas otras democracias, la irrupción de los algoritmos y la inteligencia artificial en el ámbito electoral ya plantea interrogantes graves sobre la transparencia y equidad de las campañas políticas. La ausencia de legislación específica y la opacidad en cómo las grandes plataformas seleccionan y potencian contenidos amenazan con erosionar la confianza en las instituciones.
El llamado desde Brasil, en plena emergencia tecnológica, es a anticipar regulaciones que protejan la integridad de los comicios, la autenticidad de la información y, en definitiva, la democracia misma. La demora en asumir estos retos podría derivar en procesos electorales donde la batalla no se decida en las urnas, sino en los algoritmos de redes sociales y motores de búsqueda.
