El ocultamiento estadístico detrás de la caída de la morosidad
En un contexto donde el deterioro del poder adquisitivo de los salarios y las tasas de interés elevadas deberían reflejarse en una morosidad al alza, las cifras oficiales presentan una caída significativa en la mora de los hogares. Sin embargo, este aparente alivio esconde una práctica que distorsiona la realidad económica: la compra de carteras de deuda impaga por parte de financieras y fideicomisos que trasladan esos créditos fuera de los balances bancarios.
Según relevamientos privados basados en datos del Banco Central, más de 900 mil personas que registraban atrasos en sus pagos desaparecen de las estadísticas oficiales a raíz de esta maniobra. De esta manera, el Gobierno de Javier Milei utiliza un recurso financiero que maquilla la complicada situación crediticia, presentando un índice de morosidad que no condice con la realidad de los hogares argentinos.
El pedaleo de las obligaciones y el impacto para las familias
La baja en la morosidad, presentada como un indicador de mejoría, también incluye un volumen récord de refinanciaciones de deuda en septiembre. Esto evidencia que muchas familias continúan aplazando el pago de sus compromisos, lo que se traduce en un pedaleo constante de sus obligaciones que no soluciona el problema de fondo.
Mientras tanto, las financieras que adquieren estos créditos impagos lo hacen con tasas que pueden duplicar los intereses originales, incrementando el costo total para los deudores y profundizando la presión para quienes atraviesan dificultades económicas. El traslado de la deuda a estas entidades especializadas permite que los bancos saquen estos créditos de sus balances como “irrecuperables” y, así, cuiden su apariencia financiera en un escenario donde la morosidad tradicional habría crecido a niveles preocupantes.
Consecuencias para la política económica y social
Esta estrategia financiera, que forma parte de una política donde la manipulación de las estadísticas se ha convertido en una herramienta habitual, plantea dudas sobre la transparencia y la efectividad de la gestión económica en la Argentina actual. Aunque se intenta mostrar una estabilidad o mejoría, la realidad continúa siendo compleja para la población, que enfrenta salarios deteriorados, inflación persistente y crédito caro.
Además, la expansión de la deuda bajo condiciones más onerosas y la transferencia a actores externos a la banca tradicional podrían intensificar las tensiones en el mercado crediticio y la vulnerabilidad social. La creciente segmentación entre la estadística oficial y la situación real de los hogares obliga a una evaluación crítica sobre cómo se construyen y utilizan los datos económicos para sustentar políticas públicas en un momento delicado para la economía nacional.
