Un llamado urgente desde los tribunales
La lucha contra la trata de personas en Argentina enfrenta un desafío fundamental: la capacitación adecuada de quienes intervienen en el sistema judicial. Así lo advirtió Verónica Marchisio, jueza del Tribunal de Juicio en lo Criminal de Río Grande, durante un taller sobre fortalecimiento de capacidades. Para Marchisio, la prevención en este flagelo comienza con un conocimiento profundo y especializado que permita identificar y enfrentar eficazmente estos delitos.
Capacitación como herramienta esencial para la prevención
En el marco de un entrenamiento especializado, la magistrada enfatizó que la judicialización de la trata requiere no solo recursos sino también personal capacitado en el reconocimiento de indicadores de delito, investigación adecuada y protección de las víctimas. La idea principal es reducir los vacíos que pueden dejar libres a los responsables o revictimizar a las personas afectadas. Marchisio sugirió que este proceso debe replicarse en diferentes puntos del país para generar un abordaje integral y coordinado.
El impacto directo en la respuesta judicial
La formación adecuada no solo mejora la detección temprana, sino que también fortalece las herramientas legales para que los casos tengan una resolución justa. En Río Grande, según la jueza, esta situación es vital debido a la magnitud de la problemática en la región patagónica. La capacitación continua contribuye a la profesionalización de la función judicial y a un tratamiento más humano de las víctimas, quienes en muchos casos son re-victimizadas por sistemas mal preparados, aumentando el daño social.
Un desafío transversal y federal
El delito de trata de personas no se limita a un territorio, por lo que el llamado de Marchisio apunta a una política de Estado que involucre a distintos actores y jurisdicciones. Solo a través de un compromiso federal y multidisciplinario será posible construir respuestas efectivas. La jueza resaltó la necesidad de mejorar también la articulación entre las fuerzas de seguridad, el sistema judicial y los organismos de protección para abordar estos casos con mayor eficiencia.
Más allá de la justicia: un compromiso social
Aunque la capacitación en el ámbito judicial resulta fundamental, Marchisio recordó que prevenir la trata de personas pasa por activar también la sensibilización social y las políticas públicas que detecten situaciones de vulnerabilidad antes de que se traduzcan en delitos. La justicia actúa cuando el daño ya está hecho, pero la transformación real exige un esfuerzo coordinado desde diferentes sectores.
Así, la magistrada invita a repensar el rol del Estado y la sociedad en la prevención de la trata, enfatizando que capacitar no es un gasto sino una inversión indispensable para proteger los derechos humanos y garantizar la seguridad de las comunidades argentinas.
