El retorno masivo al sistema público en un contexto de crisis
Durante el último año, el sistema de salud privado en Argentina registró una caída histórica en la cantidad de afiliados a obras sociales y prepagas, alcanzando su nivel más bajo desde 2016. Más de un millón de personas dejaron de contar con cobertura médica privada, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) derivados de la Encuesta Permanente de Hogares. Este fenómeno marca un giro preocupante en la dinámica sanitaria, con un 35,5% de la población dependiente exclusivamente del sistema público, mientras que el 64,3% aún mantiene algún tipo de cobertura privada.
Este traslado masivo hacia el sistema público no es fortuito. La pérdida significativa de empleo registrado en el sector privado, sumado a subas extraordinarias en las cuotas de prepagas, que escalaron cerca de un 500% entre fines de 2023 y septiembre de 2026, empujó a miles de argentinos fuera del alcance de la salud privada. El efecto combinado de estas variables deja una herida profunda en los esquemas de protección social y plantea interrogantes sobre la sustentabilidad del sistema sanitario en el mediano plazo.
La caída del empleo privado, motor de la exclusión sanitaria
Entre primer semestre de 2025 y el mismo período de 2026, se perdieron más de 132 mil puestos de trabajo privados registrados, lo que representa una caída del 2,1% en ese sector. Si la mirada se extiende desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, la cifra asciende a una reducción de 253.049 empleos formales privados, un 4% menos que al inicio de su mandato. Esta destrucción del empleo se refleja directamente en la reducción de la base contributiva para obras sociales y la imposibilidad de sostener la afiliación a las prepagas privadas.
Además del sector privado, el empleo público también mostró retracción, perdiendo cerca de 30 mil puestos entre 2025 y 2026 y un total de 87 mil desde el inicio de la administración actual. La combinación de estas tendencias en ambos sectores profundizan la vulnerabilidad de muchas familias que ven empeorar sus condiciones socioeconómicas, lo que a su vez impacta en su acceso a servicios de salud de calidad.
El fuerte impacto del aumento en las cuotas de prepagas
El incremento cercano al 500% en el costo de las prepagas en menos de tres años es otro factor crucial que impulsa la crisis en la cobertura sanitaria privada. Este aumento fue incompatible con la caída de salarios reales y la creciente precariedad laboral, generando una exclusión financiera inmediata para más de 969 mil personas que dejaron de pagar servicios privados de salud en el último año.
Con menos personas pudiendo sostener la afiliación a prepagas o a obras sociales vinculadas a empleos formales, la carga se traslada inevitablemente al sistema público de salud, que recibe diariamente a un número cada vez mayor de pacientes sin cobertura privada. Este cambio no solo pone en tensión la capacidad operativa y financiera de la salud pública, sino que también evidencia una profunda desigualdad en el acceso al cuidado médico.
Desafíos para el sistema sanitario nacional
El incremento en la demanda del sistema público producto de la exclusión del sector privado pone en evidencia la necesidad de políticas de salud integrales que consideren la realidad económica y laboral que atraviesa la población. La coyuntura actual expone las fragilidades del sistema de salud segmentado, que depende fuertemente del empleo formal y las capacidades de pago de los ciudadanos para sostener a las obras sociales y prepagas.
En este contexto, el Estado nacional enfrenta el desafío de fortalecer y ampliar la cobertura pública sin perder calidad ni capacidad de atención. Ello implica una inversión sostenida y reformas estructurales que permitan garantizar el derecho a la salud en un escenario social y económico caracterizado por la disminución del empleo formal y la creciente desigualdad.
La caída en la afiliación al sistema privado desde 2016 marca un punto crítico que demanda respuestas inmediatas y sostenidas para evitar que la salud pública se vea sobrepasada y para reducir la brecha en el acceso al cuidado médico entre distintos sectores sociales en el país.
